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Es necesario generar mutuas aperturas entre la academia, la política y la opinión pública para profundizar la democracia deliberativa. La actual crisis muestra la importancia de reflexionar sobre el funcionamiento de los poderes económicos.

Manuel Antonio Garretón, columnista invitado en el diario El Clarin, Argentina del 7 de Octubre del 2008

El próximo año en Julio, en los inicios de las celebraciones de los bicentenarios en varios países, se realizará el 21 Congreso Mundial de Ciencia Política en Santiago  de Chile, bajo el título “¿Malestar global?  Dilemas de cambio”, organizado por la Asociación Mundial de Ciencia Política (IPSA).  Si hago uso de este espacio para comentar este evento, y se me disculpará por ello siendo Presidente del Comité Local Organizador, no es por una cuestión personal, sino porque creo que tratándose de un evento académico hay que ubicarlo en un  contexto más amplio para proyectar su importancia.

Este año en América Latina se han realizado al menos dos eventos importantes para los estudios políticos en que me ha tocado participar. Uno, el de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y el otro en Rosario el ya tradicional y prestigioso Congreso sobre la Democracia que lleva ya más de una década de realizaciones bianuales y que en su origen fue una creación de estudiantes, con gran poder de convocatoria y alto nivel académico.

Menciono todo esto es para mostrar la importancia y despliegue que ha ido adquiriendo la Ciencia Política y más ampliamente los estudios sobre política en nuestra región, lo que obviamente se relaciona con la extensión y consolidación en nuestros países de regímenes democráticos y con la preocupación por los déficit calidad y profundidad de esas democracias, lo que a su vez tiene que ver con la relevancia y significación de la política misma en un mundo dominado por las dinámicas globalizadoras que desarticulan al Estado-nación, las lógicas tecnocráticas y mediáticas y el individualismo ligado más a intereses y al consumo que a la conformación de sujetos que se reconocen unos a otros en una misma comunidad política.

Un Congreso Mundial de la Ciencia Política realizado en un país de América Latina, y ello no es primera vez pues Brasil y Argentina han sido sede de estos eventos hace varios años, debiera ser la ocasión de mostrar el estado actual de la disciplina en la región en diálogo con las tendencias de ésta en el resto del mundo, un momento de movilización de intelectuales y profesionales de la teoría y la investigación política para intercambiar trabajos y reflexiones sobre la vida política de nuestros países pero también para rediscutir las teorías y planteamientos que se hacen en los países del norte y que veces consideramos como el único paradigma válido, y que aceptamos acríticamente con la idea que la única ciencia es aquélla que utiliza metodologías cuantitativas o modelos formalizados. Es cierto que en una época estuvimos en franco déficit en estos campos y que ha sido loable el esfuerzo de superar la brecha, pero a veces se olvida que la ciencia social responde en parte importante a intereses y cosmovisiones que dependen de cada contexto histórico. Por ningún motivo habría que caer en pretensiones localistas de creación científica, pero tampoco en el extremo que el dictum de la ciencia lo dan los países centrales.

Pero no se trata sólo del díalogo científico y académico, por importante e indispensable que éste sea. A la ciencia social en especial a la que estudia los problemas políticos, se le pìde también que aporte fuera de sus propias fronteras.

Por un lado, aportar a quienes practican la actividad política. Y aquí es evidente que hay un problema de lado y lado. Es raro ver a los políticos estudiando y discutiendo los análisis y cuestionamientos que provienen del campo científico social, es decir aceptando el conocimiento que de ahí proviene. En este sentido, es probable que el momento de las transiciones democráticas haya sido una magnífica excepción a ello en cuanto mucho de la revaloración de la democracia y de sus estrategias de construcción se produjo a través de un diálogo entre quienes estudiaban estos procesos y quienes aportaban su sabiduría práctica.  Pero, la presión electoral, la urgencia de tomar decisiones o de legislar, lleva a valorar la actividad académica sólo por su capacidad instrumental de dar respuestas inmediatas o de legitimar la propia acción política. Las evidencias que aporta la ciencia política no son consideradas por los políticos, bajo el pretexto de la socorrida frase “una cosa es la teoría y otra la práctica y la vida misma”. A su vez, el mundo académico desprecia la capacidad de reflexión y de autocrítica del mundo político y pareciera enorgullecerse de no ser reconocido por éste. El modo como ambos mundos analizan las encuestas es un ejemplo de este distanciamiento o, más bien, desconocimiento mutuo.

Por otro lado, aportar al debate público y a la ciudadanía. Hay una tendencia a pensar que la divulgación científica, es decir, la comunicación de resultados de reflexiones e investigaciones académicas, a un público más amplio y en un lenguaje entendible, es incompatible con un el rigor propio de la actividad académica. Ello provoca como reacción por parte de la opinión pública el reproche a los académicos por el uso de un lenguaje cerrado que sólo oculta verdades de sentido común al alcance de todos. Con ello se aumenta una distancia que a veces los politólogos tratan vanamente de superar sucumbiendo a la seducción mediática.

El cierto oscurantismo moderno que impone el circuito medios-encuestas-opinión pública y las parciales autorreferencias del mundo político y del mundo académico que, por supuesto, no dan cuenta de toda la realidad, pueden ser superadas con la creación de instancias de debate público tanto a nivel de las universidades, como de los espacios propiamente políticos como de los ámbitos mediáticos. En otra época fueron las universidades las que cumplieron esta función, no es que ello haya desaparecido totalmente, pero parecieran resultar insuficientes para involucrar a la ciudadanía.  Se trata en la actualidad de generar mutuas aperturas que contribuyan a expandir y profundizar una democracia deliberativa, la que no puede existir si no se nutre de los tres mundos señalados: la academia, en este caso la actividad politológica, los políticos y la ciudadanía que se expresa en la opinión pública. Eventos como los que hemos comentado y especialmente un escenario académico mundial debieran permitir que este diálogo se fortalezca sin que ninguno de estos mundos pierda sus propias características y autonomía.

Las consideraciones anteriores cobran especial vigencia hoy cuando enfrentamos una de las peores dimensiones del malestar global, foco del Congreso Mundial de Ciencia Política Santiago 2009, cual es la actual crisis financiera mundial. Y ello porque precisamente lo que tiende a olvidarse es el carácter estrictamente político de esta crisis, motivada por el predominio de la concepción restrictiva del papel del Estado y la hegemonía absoluta de los poderes fácticos económicos que se niegan a someterse al control de la voluntad democrática. Reflexionar sobre las nuevas formas de regulación y subordinación de las fuerzas de mercado, nacional y globalmente, a la soberanía popular, es decir, a la política, sin desconocer la autonomía relativa de ella, es una tarea urgente que requiere el encuentro mencionado entre el mundo de quienes toman decisiones y el de quienes intentan conocer y comprender el sentido profundo de los procesos sociales y las estrategias de los actores políticos de modo de reordenarlos en torno a lo un sabio llamara “la sociedad buena” , y nosotros diríamos, al menos la sociedad vivible para quienes sufren los embates de los grandes poderes.  

El conflicto es inherente a la democracia. Los consensos bajo presión no ayudan a su vitalidad.

Manuel Antonio Garretón, columnista invitado en el diario El Clarin, Argentina del 11 de Mayo del 2008

Si la política de otras décadas se caracterizó por un carácter confrontativo —lo que tuvo una justificación tanto en la naturaleza de los conflictos como en su carga ideológica—, el cambio en estos dos aspectos abre paso a una nueva visión en la que se enfatiza el carácter consensual de la política. Se estigmatiza incluso la época anterior y la dimensión conflictiva, haciéndolas pasar por la causa principal de las crisis que llevaron al derrumbe de sistemas políticos y a las dictaduras militares.

Se instala entonces una nueva ideología, por supuesto sin el carácter doctrinario de las anteriores, que proclama que todo consenso es bueno y todo conflicto es dañino y, entonces, hay que negarlo, esquivarlo o superarlo de cualquier manera. La posibilidad de conflictos estructurales, es decir, de carácter permanente, es vista como una amenaza a la sobrevivencia de la sociedad, y por lo tanto el consenso a todo precio será usado como chantaje para aislar al “conflictivo” u obligarlo a negociar y aceptar la solución que se le impone aun cuando contraríe sus intereses.

La referencia a la globalización y sus restricciones a las posibilidades de acción de los países vulnerables, el calentamiento global y la crisis catastrófica medioambiental y energética, o, en sus expresiones más crudas, el fin de las ideologías y proyectos alternativos y, sobre todo, la necesidad de no perjudicar la estabilidad, el crecimiento y el libre juego de los mecanismos de mercado o la dimensión técnica del problema, son algunos de los argumentos utilizados por esta nueva visión. Ella es coadyuvada por los medios de comunicación en la medida que al exacerbar todo enfrentamiento menor y darle cobertura muy superior a su importancia retroalimentan una percepción contraria a cualquier debate o conflicto.

Estamos frente a un cambio en el papel de la política en nuestras sociedades, por un lado, en el sentido que ella no parece ser el campo exclusivo de definición de su rumbo ni tampoco de debate de grandes proyectos o visiones alternativas. Por otro lado, se produce una exacerbación de conflictos particulares y parciales, en la medida que hay una emergencia de múltiples y nuevos sectores que luchan por sus derechos en el espacio democrático y que no encuentran en el ámbito político o en las organizaciones tradicionales un patrón común. Tal incremento de la conflictividad, donde además los conflictos propiamente políticos aparecen desgajados de los que provienen de la sociedad, aumenta la inseguridad o el desconcierto y la presión por el “que se pongan todos de acuerdo”.

Finalmente, también hay que aceptar que la política no debiera ser sólo confrontación, sino también consenso o colaboración en la búsqueda de un bien común, siempre difícil de definir y, por lo tanto, nunca exento de debate o conflicto.

Porque el debate y el conflicto son condiciones necesarias para un consenso. Sobre todo en aquellos grandes temas que constituyen el núcleo ético y doctrinario, los fundamentos de la convivencia en un país, sobre todo cuando estamos en períodos, “plásticos”, en los que nuestros países están reconstruyendo su unidad como comunidad histórica. Esto se ilustra más dramáticamente en casos como el boliviano o el colombiano, con todas sus diferencias, o en las situaciones de búsqueda de nuevas Constituciones. Además, hay que aceptar que los consensos fundamentales también están siempre en reformulación y profundización. Porque las percepciones de los actores sociales van variando —entre otras cosas, por un mayor conocimiento y experiencia—, todo consenso que no se base en debates y conflictos arriesga ser la imposición larvada de una determinada relación de poder, es decir, lo contrario de un consenso propiamente tal.

Muchas de las soluciones apresuradas a cuestiones fundamentales en educación, economía o en derechos humanos, por citar sólo algunos ejemplos, se han hecho bajo la amenaza de la pérdida de unidad, por la presión de grupos de poder fáctico, por cálculos coyunturales y al cabo de un par de años se revelan erradas y tienen que revisarse enteramente con el agravante no sólo de la pérdida de tiempo y oportunidad, sino del alejamiento de los actores involucrados. En este sentido, las “comisiones nacionales” que se crean en algunas partes con distintos nombres, carentes de institucionalidad y responsabilidad frente a los Parlamentos, se revelan más como mecanismos de apaciguamiento y postergación de conflictos que de solución real de problemas.

Quizás uno de los déficit mayores de nuestras democracias sea este aspecto llamado por algunos “democracia deliberativa”. Es interesante notar que si tampoco hay una institucionalidad para otro aspecto deficitario no siempre bien definido como es la democracia participativa, éste ha ido buscando sus espacios en movilizaciones a veces sectoriales o a veces masivas, aunque su fuerza radique casi exclusivamente en el aspecto reivindicativo y también corporativo.

Pero el aspecto deliberativo —de debate de ideas y propuestas, con una dimensión necesaria, aunque no excluyente, de conflicto y confrontación regulada— no tiene ni los espacios informales ni los ámbitos institucionales de desarrollarse. Esto exige un cambio en los partidos políticos, a los que hay que dotar de recursos para que cumplan su misión de educación cívica y se generen foros donde se encuentren ciudadanos, políticos y funcionarios del Estado, se resignifiquen las Universidades públicas y los Parlamentos en la vida política nacional y se verifique una profunda reforma de los medios de comunicación para que expresen y acojan el debate público sin la tergiversación de sus propios intereses.

Sólo después de conflictos y debates podrá esperarse que el consenso sobre ciertos temas sea no el reflejo unilateral de ciertas visiones e intereses particulares sino la expresión de un auténtico proyecto nacional en todas las áreas.

La idea de un bloque regional genera respuestas de la opinión pública que abren un desafío para la acción política.

Manuel Antonio Garretón, columnista invitado en el diario El Clarin, Argentina del 20 de Abril del 2008

Los estudios de opinión pública, como se sabe, permiten conocer parcialmente las reacciones de la gente en un determinado momento frente a un determinado problema. Existe un gran riesgo de extrapolar estas opiniones al análisis de movimientos y procesos sociales.

Cabe recordar, por ejemplo, que hace cuarenta años los estudios de opinión pública daban a conocer un alto grado de satisfacción de los estudiantes universitarios en Francia semanas antes que estallara el más importante movimiento de protesta y cambio entre esos mismos estudiantes.

En la época de la dictadura en Chile, el tema de los derechos humanos no era considerado como lo más importante por la población en las encuestas de opinión, y fue a juicio de todos los estudios posteriores un factor fundamental en la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988.

Todo esto a propósito del segundo Informe sobre Oportunidades de Integración Regional, recientemente dado a conocer por Latinobarómetro. Con todas las reservas señaladas, el estudio aporta datos interesantes que conviene considerar. Por un lado, en promedio y con variaciones importantes por países, existen opiniones minoritarias a favor de la venta de recursos energéticos en condiciones especiales a los países que lo necesitan o a favor de aprovechar la crisis energética como oportunidad para avanzar en la integración; y opiniones mayoritarias adversas a la inmigración, tanto de etnias o razas iguales o diferentes a los nacionales, como a la proveniente de países pobres. Todo ello camina en el sentido contrario de una integración de la región.

Pero, por otro lado, existen opiniones levemente mayoritarias en el sentido que los países deben hacer concesiones para avanzar en la integración y en el sentido de generar un parlamento que proponga leyes comunes; de eliminar impuestos de importación/exportación y condiciones políticas y restricciones a la inversión extranjera dentro de la región. Hay también porcentajes importantes, aunque no mayoritarios, de población abierta a la discusión de estos temas sin haber tomado una posición a favor o en contra, y favorables a libre circulación de ciudadanos y la igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros.

Los resultados mostrados por el Informe muestran una preocupante actitud recelosa de la población a una integración que ven lejana o riesgosa para sus intereses personales en caso de las inmigraciones. Esto contradice la imagen que nos hacemos de la integración como una demanda popular y masiva explícita. Ello nunca ha sido así ni siquiera en los casos de los modelos exitosos de integración como el europeo. Es cuestión de recordar los plebiscitos estrechos y muchas veces contrarios en esta materia en diversos países. Pero al mismo tiempo muestran el espacio que se abre al liderazgo político para hacer avanzar los procesos de integración, lo que también es concordante con lo ocurrido en otras latitudes.

Quizás los datos más interesante al respecto sean la opinión mayoritaria a favor de un parlamento que haga leyes comunes y de hacer concesiones para que la integración avance. Es evidente que hay una contradicción entre los temores que despiertan algunos aspectos insoslayables de la integración, como la inmigración o la igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros, y la convicción que los países deben ceder ante instancias comunes, instancias que eventualmente podrían dictar leyes que los afectaran. La idea de un parlamento con leyes comunes es una demanda política, de construcción de una polis supra-nacional. No va a haber grandes movilizaciones en ese sentido, pero sin duda habrá aceptación si ello ocurre. Entonces, éste es el espacio de la voluntad política, de la acción de los dirigentes y los partidos.

Como en todos los grandes procesos de construcción institucional, hay un núcleo duro a favor, un núcleo duro en contra y una gran mayoría abierta a tomar decisión en uno u otro sentido. En los procesos de integración supranacional esto se hace más patente aún. Por ello son los mensajes que provengan del liderazgo político los que pueden alinear a la dirigencia económica, aislando a los refractarios y al sistema mediático y convencer a una opinión pública que sólo tiene en contra el temor a que sus vidas personales sean afectadas, por ejemplo en el ámbito laboral, pero que en su imaginario político e histórico, en un sustrato cultural intangible, ven la integración como el único horizonte de sus países. Y he aquí que nuevamente parecen unirse dos elementos que solemos poner en tensión: el ideario nacional y el ideario de integración supra-nacional.

Pereciera ser que en nuestra época globalizada, el debilitamiento de los sentimientos estatal-nacionales pudieran favorecer una demanda supra-nacional y que la insistencia en este nivel amenazara la conciencia y la idea de un proyecto nacional. Y ocurre todo lo contrario: la pérdida del sentido de nacionalidad lleva al refugio en la comunidad más cercana o al individualismo.

En tanto el sentimiento de pertenencia a una nación y a su proyecto histórico lleva al convencimiento que no hay destino de nación en el mundo de hoy, que es ya el futuro, si no es a través de la conformación de bloques. Pero ello no opera explícitamente ni como demanda movilizadora, sino a través, como hemos dicho, de los complejos meandros de los sustratos culturales que toca al liderazgo político explicitar y movilizar.

Se puede así hacer una lectura pesimista de los datos de opinión pública respecto de la actitud individual frente a fenómenos como el de la inmigración. Pero si se examina el campo abierto a la acción política y a la creación de instancias comunes, el panorama aparece ampliamente auspicioso, siempre que se entienda que hoy construcción o re-construcción del Estado nación y construcción de ámbitos o bloques supra-nacionales son dos procesos, a la larga, indisociables.

Si América latina quiere verdadera integración, sus organizaciones políticas deben funcionar con autonomía de EE.UU.

Manuel Antonio Garretón, columnista invitado en el diario El Clarin, Argentina del 23 de Marzo del 2008

Es evidente que la solución encontrada al conflicto entre Ecuador y Colombia por la incursión armada del segundo en el territorio del primero con el fin de atacar a las FARC significó un avance en el reconocimiento y legitimidad de una institución tan cuestionada como la OEA. La gestión del secretario general José Miguel Insulza alcanzó aquí un punto sobresaliente. 

Pero si uno revisa el modo como se gestó el último acuerdo de la OEA —en el que, entre otras cosas, se rechaza la incursión colombiana y este Estado se disculpa, se generan mecanismos de verificación de lo que ocurre entre ambas fronteras y se condenan las acciones de grupos criminales— se comprobará que el principal obstáculo fue siempre Estados Unidos. Estados Unidos se oponía a la resolución y al final la acepta por petición colombiana, pero manifiesta su desacuerdo con el artículo que rechaza la incursión de este país en otro aludiendo a razones de defensa legítima.

Esto confirma que la política colombiana militar respecto de la guerrilla está dirigida por y subordinada a los Estados Unidos, que sigue aquí su política de intervención directa o indirecta. Se revela también que, si no hubiera sido por los Estados Unidos, los países latinoamericanos de la OEA habrían encontrado una solución mucho más rápida y más adecuada para la región.

De modo que se pone en el tapete nuevamente, y esta vez frente a una OEA relegitimada, revitalizada y más autónoma, la cuestión de si una organización política de países latinoamericanos en la que participan los Estados Unidos es funcional al debate, intereses y visiones de futuro de la región.

Algunos Jefes de Estado ya han planteado informalmente la necesidad de pensar en una organización autónoma, pero de una vez por todas esto tiene que encararse y no seguir, como siempre, esperando una ocasión más “propicia”.  

Lo cierto es que si estos países aspiran a una mayor integración entre ellos frente al mundo globalizado y los grandes poderes transnacionales, la instancia y organización política son indispensables. Es seguro que una organización autónoma de esos países, en vez de detener o retardar, aceleraría la integración económica y cultural.

Vale la pena recordar a este propósito los conceptos del presidente de Italia, Giorgio Napolitano, en la recepción ofrecida por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet (recepción que, curiosamente, fue mediáticamente opacada por la propaganda en torno a la visita de un músico italiano esos mismos días). Napolitano decía que si los países de la región querían superar sus desigualdades y enfrentar la globalización, al mismo tiempo que colaborar con las otras regiones del mundo, debían seguir un camino autónomo de integración semejante al de la Unión Europea.

Hay aquí dos cuestiones que enfrentar.

Por un lado, en una instancia u organización política de países latinoamericanos no caben los Estados Unidos. La experiencia —entre otras— de la OEA lo ratifica en la medida que, creada en el nacimiento de la Guerra Fría, nadie puede negar que, junto a la presión bilateral, ha sido uno de los principales instrumentos de la política norteamericana para la región.

El valioso esfuerzo desplegado por el secretario general de la OEA en los últimos años muestra que sólo se puede llegar hasta un cierto punto si se quiere contrariar la política internacional norteamericana, porque ésta se genera al margen de cualquier organización y, a la postre, no respeta ni tratados ni acuerdos, como lo mostraron el caso de Irak recientemente o las diversas intervenciones en América latina a lo largo de décadas.

La política de Bush no es más que una brutal y desenfadada exacerbación de una estrategia imperial (aunque esta expresión moleste y se descalifique a quienes la usan) que no cambiará nunca porque precisamente es, con matices según los gobiernos sean democráticos o republicanos, la que conviene a ese país.

Por lo tanto, nuestros países no pueden quedar a merced de los cambios internos de la política norteamericana.

Pero, por otro lado, si es indispensable una organización de los Estados latinoamericanos como parte de un proceso verdadero de integración, ¿qué se hace con la OEA si es que hubiera capacidad y voluntad para avanzar en una organización latinoamericana de Estados?

No estoy convencido de que se trate de desahuciar toda organización con Estados Unidos, porque eso sería dejar a cada país en la indefensión. En un foro común se puede neutralizar en parte la agresividad imperial o al menos obligarla a rendir cuentas, a justificarse, y es un espacio para confrontarla y denunciarla.

Siempre será bueno una instancia de diálogo y de apertura de posibilidades de cooperación en beneficio del desarrollo de nuestros países y de acuerdos para enfrentar grandes problemas del mundo globalizado. Aunque sabemos la renuencia de Estados Unidos para aceptar las propuestas de los otros países en temas de este tipo, como lo demuestra su actitud frente a la contaminación mundial, por ejemplo. Pero estas formas de asociación no debieran extenderse a cuestiones de conflictos entre los países latinoamericanos, ni a posturas comunes de la región frente a otros problemas y bloques en el mundo.

Los positivos pero limitados acuerdos logrados por los países latinoamericanos recientemente en la OEA y la actitud que frente a ellos tuvieron los Estados Unidos no debieran llevarnos a fortalecer la actual forma de organización política entre nuestros Estados sino a diferenciarla en dos instancias. Una, la que apunta a la integración política, generando una organización autónoma de nuestros Estados. La otra, mucho más circunscripta, que apunta a la cooperación y diálogo con los Estados Unidos. Es a esto únicamente a lo que debiera quedar reducida la actual OEA.