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Terminadas las transiciones y asegurada una consolidación de los regímenes post-dictatoriales, a pesar de las desestabilizaciones y caídas de presidentes bajo presión popular -problemática central de los ochenta y noventa y comienzos de esta década-, una nueva cuestión se hace predominante: es la calidad de la democracia conquistada y consolidada. Si bien es cierto que desde la instalación misma de los nuevos regímenes existió en varios sectores la preocupación por el tipo de democracia que se estaba gestando, ella fue menor frente al tema de la mera existencia del régimen democrático y a los riesgos iniciales de reposición de dictaduras, y también se orientaba más a la herencia o enclaves legados por éstas que a los rasgos nuevos de la vida política. Hoy que este riesgo parece lejano, la calidad de las democracias latinoamericanas ocupa el lugar principal del análisis y debate político.

De eso dan cuenta rankings e indicadores que se ofrecen, sea a partir de encuestas que miden subjetividad, o a través de datos que se extraen de la realidad institucional o del funcionamiento efectivo de las democracias. Ellos pueden ser de resultados socioeconómicos, de calidad de las instituciones o de niveles de satisfacción o una combinación de algunos o todos ellos.

Hay tres aspectos, sin embargo, de los que estos rankings o indicadores no dan cuenta. El primero de ellos se refiere a que la mera existencia de determinadas instituciones, propias de la democracia, en determinados contextos no garantiza su carácter democrático. Por ejemplo, la presencia de elementos constitucionales antidemocráticos o el hecho que una Constitución haya sido heredada del régimen dictatorial sin la generación de una nueva y democrática. O, al revés, elementos que en una determinada sociedad pueden satisfacer los estándares democráticos, en otras pueden mermar la calidad de esa democracia. Es lo que ocurre con los sistemas electorales. Se ha hecho un lugar común afirmar que éstos son neutros y que uno no es más democrático que otro. Y lo cierto es que si uno examina los efectos en una sociedad, se dará cuenta de que no es igualmente democrático un sistema que otro y que los bienes que todo sistema electoral busca garantizar, como proporcionalidad, pluralismo, participación, no quedan igualmente garantizados en determinada sociedad por un sistema que sí puede garantizarlo en otra. Así se pueden cumplir todos los requerimientos de elecciones libres, competitivas y transparentes y el resultado no ser la expansión y profundización democrática sino la conformación de una elite cerrada y excluyente. Lo mismo ocurre con la conformación del Poder Judicial o las relaciones Ejecutivo-Legislativo, por nombrar algunos temas que no pueden ser analizados con criterios cuantitativos y que ponen un límite al análisis comparativo. Cuando el análisis de la calidad democrática en un sistema de rankings e indicadores que no muestran la historicidad de cada situación deja de ser una manera más de analizar y se transforma en la única, estamos frente al predominio de la razón tecnocrática y mediática por sobre la deliberación argumentativa que es la esencia del análisis democrático. Para decirlo muy directamente y con un ejemplo, no deja de ser grosero que un país como Chile, que no tiene una Constitución democrática, que tiene un sistema electoral excluyente y que le da a la minoría un poder de veto, un Poder Judicial con jueces que defienden la impunidad por las violaciones de derechos humanos, aparezca en los primeros lugares de los rankings de calidad democrática .

El segundo aspecto tiene que ver con que, sin minusvalorar la autonomía de la democracia política, la calidad de ésta se ve afectada necesariamente por elementos socioeconómicos y culturales. La cuestión de la igualdad efectiva de derechos, que toca a uno de los principios éticos fundantes de la democracia política y que exige la distribución equitativa del poder y la riqueza y la existencia de una verdadera comunidad socioeconómica, y la cuestión de la diversidad cultural, que no impide sino fortalece la cohesión social, son elementos que si bien no pueden considerarse como condición de existencia de los regímenes democráticos, son indispensables de considerar a la hora de evaluar su calidad. La ausencia de estas dimensiones en los rankings de democraticidad, desfigura absolutamente los análisis comparativos y los transforma a veces en instrumentos más ideológicos que científicos.

El tercer aspecto, del que daba cuenta Fernando Vallespín hace unas semanas en la reunión de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política de Costa Rica, se refiere a que no siempre en la evaluación de la calidad de la democracia se tiene en cuenta la transformación de las democracias representativas a través de partidos políticos en democracias orientadas por la lógica mediática en que el demos, ciudadanía o electorado, los candidatos y también los que ocupan los más altos puestos de representación, dejan de responder a las opciones partidarias y quedan capturados en la lógica de los medios de comunicación, que es todo menos el reino de la democracia deliberativa o argumentativa, aunque en determinados contextos los medios puedan jugar un papel de gran importancia democrática, siempre que no sean la única fuente de información y análisis y que no domine la idea de que no se existe si no se está en los medios. La transformación de los medios en poderes fácticos limita el carácter democrático de los procesos políticos, lo que se agrava en situaciones en que ni siquiera existe el pluralismo dentro de ellos. Para decirlo con ejemplos, es evidente que la Italia de Berlusconi es menos democrática que muchas democracias que aparecen más bajo que Italia en los rankings, aunque figure en un lugar alto en esas mediciones. Y eso se puede aplicar en nuestros propios países también.

No se trata de negar el valor que puedan tener los índices y rankings de la calidad democrática, sino de señalar sus límites y profundizar los análisis con argumentos que den cuenta de los contextos históricos y del sentido que en esos marcos tienen tales índices.