En las elecciones para la Convención Constitucional está en juego la salida a las tres grandes crisis de la sociedad chilena. La primera referida a la superación de las grandes deudas históricas en su constitución, como su carácter oligárquico, patriarcal y centralista y su relación con los pueblos originarios. La segunda refiere a la superación del orden económico social y el legado institucional heredados de la dictadura y que los gobiernos democráticos, pese a los cambios introducidos, no consiguieron realizar. La tercera es la profunda ruptura en lo que fue la tradicional relación entre la política institucional y la sociedad con sus actores. Todas estas crisis fueron puestas de relieve y llevadas a un punto de quiebre por el estallido social de octubre de 2019 y el mundo político fue capaz de articular un encauzamiento a su salida a través de un acuerdo sobre el proceso constituyente que la ciudadanía aceptó en el plebiscito de octubre de 2020.
Ese inicio del camino se continúa con las elecciones constituyentes, por primera vez en la historia, paritarias y con escaños reservados a pueblos originarios, y corresponderá a la convención sentar las bases y principios fundamentales de la futura convivencia como sociedad y de un nuevo papel del Estado en ello. Se tratará de un largo proceso que irá cristalizando en décadas y que exigirá una nueva y permanente relación entre la sociedad y los actores políticos, tanto durante la Convención Constitucional como en los años que vienen. Pero el domingo se realizan tres otras elecciones, referidas dos de ellas al poder local y la otra, por primera vez, al poder regional. Ellas son también cruciales, tanto por su propia significación como por la capacidad que tengan estos poderes de retroalimentar el cambio constitucional y por la proyección que tengan en el próximo gobierno y parlamento, los que deberán implementar los cambios constitucionales.